jueves, 13 de junio de 2013

Módulo III MPDS Sociedad y Cultura en el DS

La participación de los individuos en la solución de los problemas sociales y ambientales
El caso de los grupos binacionales ambientalistas en la frontera BC-CA.

J. Antonio Meléndrez Cárdenas


* * *
Introducción

El presente ensayo tiene como objetivo analizar la dimensión social del Desarrollo Sustentable (DS), abordando los aspectos sociales y culturales de éste modelo de desarrollo. Así mismo de profundizar un poco sobre el concepto de cultura y sus diferentes concepciones, de igual forma se describirá brevemente sobre la ética ambiental, tocando temas como el deterioro ambiental, conservación y preservación de los recursos naturales, desde el enfoque de la ética de la sustentabilidad. Finalmente se cierra con un análisis sobre la participación social hacia un Desarrollo Sustentable a través de los grupos binacionales ambientalistas en la frontera Baja California (BC)-California (CA). 



La dimensión social del Desarrollo Sustentable

Los aspectos sociales son probablemente los menos abordados en materia de DS, la mayor de las veces se ha profundizado en el enfoque ambiental y el crecimiento económico. Esto se deba probablemente a la inercia del modelo de desarrollo neoliberal operante actualmente. En ese sentido, Foladori (2002) expone que: “La historia del capitalismo se basa en no modificar los medios de producción y la apropiación de ellos: las relaciones sociales de producción continuaron siendo capitalistas”. De ahí que los temas como la desigualdad económica y los problemas sociales pasen a segundo plano desde una perspectiva de consumo global.
Es igual de importante el ahondar en el estudio de la dimensión social de la sostenibilidad, de acuerdo con los autores: Montero-Serrano, Bosque y Romero-Calcerrada (2008), ésta dimensión se conforma por el capital intangible: capital humano, es decir, los ciudadanos, capital social, que comprende el sentimiento de comunidad, las redes de cohesión social, confianza y ayuda mutua, y capital institucional, que se representa a través del conjunto de organismos o instituciones reguladoras del orden público y social.
El desarrollo económico y social no debe estar al margen del progreso ecológico porque es así como se crean las condiciones necesarias para mejorar la calidad de vida. Si la cultura es “el conjunto de signos, símbolos, representaciones, modelos, actitudes, valores, etcétera, inherentes a la vida social” (Giménez, 1996). Es decir, toda manifestación o práctica social utilizada por el ser humano para transmitir significaciones, ya sea, con los objetivos de comunicar, para la acumulación del conocimiento y para mostrar su visión del mundo, de “descifrar capas de significado” (Thompson, 1993), de interpretar la realidad social misma.
Por otra parte hay quienes otorgan gran relevancia los medios de comunicación, en la construcción de la dimensión social y cultural contemporánea, tal es el caso de Javier Esteinou (2004), quien considera que los medios se han convertido en el “epicentro cultural, ideológico y espiritual de la sociedad mexicana de principios del nuevo milenio”. Y no es que considere a los medios como instituciones todopoderosas sobre su auditorio y/o espectadores a quienes se pueda moldear y persuadir a través de manipulación mediática. Sin embargo, enfatiza los alcances que han alcanzado los medios masivos y la fuerte influencia que ejercen sobre los grupos sociales, por lo que hace un llamado “ético-moral” sobre las instituciones, los gobiernos y los medios de comunicación.
De acuerdo con Gabutti (2005), para consolidar el nuevo paradigma ecológico urbano (DS), es necesario definir nuevos valores, actitudes y estilos de vida. Una visión renovada enfatizada en la administración del medio ambiente, con un responsable uso de la tecnología y los sistemas económico y promoviendo la participación de los ciudadanos en las problemáticas sociales y ambientales de la comunidad, fomentando nuevos cambios en la cultura y en nuestras concepciones y modo de vida (Tamara y Del Toro, 2005). En la misma dirección, Barkin (2004), sugiere la necesidad de replantearnos el modelo de la civilización, sobre que se debe consumir, qué deberíamos conservar, más allá de si es redituable económicamente o no. Para alcanzar un DS se requiere de acuerdos entre los actores sociales (ciudadanos) y políticos, es indispensable que los integrantes de las comunidades sean conscientes de las necesidades sociales y culturales. Desde la propuesta de Macías y Téllez (2006), hace falta una “democratización efectiva”, una mayor participación y una mejor redistribución de la riqueza y los recursos productivos. Que se podría lograr a partir de una verdadera ética ambiental.



Cultura y ética ambiental

Si partimos desde una burda definición de cultura como todo lo que el hombre crea o interviene, estudia y otorga una significación, tales como: prácticas sociales, tradiciones, ritos, representaciones, modelos, actitudes, valores, etc. No resulta complicado pensar en la cultura como un concepto central (e inherente) en el desarrollo del ser humano, que se encuentran e indirectamente en los diferentes espacios de la biósfera. De acuerdo con Neace (1997), nuestro planeta constantemente cambia o evoluciona de paradigmas, estos se mezclan e interactúan entre sí y es el ser humano quien determina su trayectoria a través de la cultura. “La cultura no es un hecho estático que heredamos y al que podemos atribuir valores y normas fijos, tampoco es una ley universal con variables estáticas. La cultura es el contexto en el cual la gente construye su identidad” (Azmitia, 2004). Sen (2004) coincide con esta visión al no considerar a la cultura como homogénea ni inmóvil, sino que por el contrario la considera como interactiva y parte fundamental en la comprensión del comportamiento humano y social.
La ética ambiental es la rama de la ética que atiende los aspectos éticos y filosóficos relativos a la ecología y ciencias afines. Se encarga del estudio de temas como: deterioro ambiental, conservación y preservación de los recursos naturales, distinguiendo: Ecofeminismo, ecología profunda y ecología social (López-Wilchis, 1999). Parte medular del desarrollo como sociedad es la ética, desde la individual, la institucional y hasta la colectiva, en nuestro país, existe una crisis ético-administrativa- democrática, como lo explica Monsiváis (2006): “En las nuevas democracias persisten las redes de clientelismo político, la corrupción no ha sido erradicada del ámbito estatal, continúan las violaciones a los derechos humanos y las condiciones de la pobreza y desigualdad prevalecientes acentúan los desequilibrios en la distribución del poder social y político”. Esteinou (2004) comparte esta perspectiva en el sentido que considera que en el país existe una “severa bancarrota ético-moral” producto en medida por un modelo orientado al desorden informativo que permite que estemos altamente informados sobre lo secundario y no sobre lo fundamental. Es por eso que los ciudadanos responsables y comprometidos con la sociedad, los más indicados para actuar, de forma moral y con fundamentos éticos en pos de un cambio social. Puesto que somos los seres humanos los únicos que podemos actuar moralmente, comparar las acciones o motivos pasados o futuros y “de aprobar o desaprobar” (Martínez, 1999).
De acuerdo con Durán (2010), es necesario promover o construir una nueva cultura política fundada en la ética de la sustentabilidad que renueve los sentidos existenciales y las formas de habitar el planeta, un sistema de valores, creencias y conocimientos que refuerce la “alianza naturaleza-cultura”. También es importante fortalecer la identidad de las comunidades y atacar otros problemas sociales como la desigualdad social y disminuir el crecimiento poblacional. Para que éste objetivo sea logrado es necesario de un mayor acercamiento por parte de las organizaciones sociales y la comunidad interesada en participar activamente en las problemáticas afrontadas.



La participación social hacia un Desarrollo Sustentable a través de los grupos binacionales ambientalistas en la frontera BC-CA.

Para hablar sobre participación social en Baja California es necesario remitirse los antecedentes de los organismos civiles o movimientos urbano-populares y ambientalistas que formularon demandas de servicios públicos en el estado. Entre los referentes más importantes entre los grupos ambientalistas en el estado se encuentran los que se formaron a finales de la década de 1980, mismos que establecieron relaciones con sus contrapartes en EU, específicamente en la región fronteriza de Tijuana- San Diego (Ramos y Reyes, 2006).
Fue a partir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que se agudizaron los problemas de tipo ambiental, esto como consecuencia del crecimiento industrial en la zona fronteriza. De acuerdo con Ramos y Reyes (2006), dichos problemas tienen origen debido a la ineficaz política de desarrollo por parte de los gobiernos mexicanos, más preocupados por la búsqueda de inversión extranjera, que por los problemas ecológico y los daños a la Salud Pública. Para Barkin (2004) la relación binacional fronteriza entre México y EU ha obligado a muchas comunidades a buscar alternativas para la convivencia regional y ambiental, sobretodo tomando en cuenta que compartimos una misma región y ecosistema, más allá de las delimitaciones de territorio político y cultural de las dos naciones.
Uno de los organismos ambientalista binacional de mayor relevancia en la región es El Consejo de Educación Ambiental para las Californias (CEAC), que tiene como objetivo primordial “reunir como una sola región a California y BC, con el fin de lograr compatibilidad respecto a la educación ambiental, aunque existan diferencias”. En el mismo tenor se encuentra el Comité Cívico Divulgación Ecológica de Mexicali (CCDEM), entre sus acciones destacan: “Cambios en la legislación estatal, como la Ley de Equilibrio Ecológico, Reglamento Ecológico de Ensenada, Ley Derecho Ecológica Ambiental en la Ley Federal” (Ramos y Reyes, 2006). Si sumamos al grupo de trabajo de Termoeléctricas Fronterizas (BPPWG, por sus siglas en inglés), quienes hacen frente común ante la contaminación del aire compartido entre Mexicali y el Valle Imperial. Provocado por automóviles, desechos, polvo y el impacto ambiental de las empresas termoeléctricas en Mexicali”. Es interesante la manera en que una vinculación entre los organismos regionales pueden llegar a contribuir en el bien común de la región.
Una muestra del trabajo conjunto de las organizaciones sociales es la demanda que presentaron el CCDEM y la BPPWG al Departamento de Energía de EU, por autorizar la instalación de plantas sin considerar en el daño ecológico que conlleva la operación de dichas compañías en la región del Valle Imperial y Mexicali. Se llevaron dos reuniones públicas en Valle Imperial donde participaban autoridades federales, políticos, abogados, y ambientalistas, para rechazar la instalación de líneas conductoras de electricidad para las termoeléctricas de Mexicali”. (Ramos y Reyes, 2006).
Podemos concluir que la participación social es fundamental en la búsqueda de un desarrollo sustentable en los distintos grupos sociales, en esta región la tarea de las organizaciones no gubernamentales como los grupos ambientalistas antes mencionado han dado muestra del peso que pueden ejercer sobre los grupos de poder en la zona fronteriza. Sobre todo cuando existe una alianza entre organismos binacionales con un objetivo en común. Si bien no ha sido suficiente para enfrentarse a distintos obstáculos de tipo político por parte de un “Estado autoritario, verticalista, en la toma de decisiones con esquemas corporativos (Moreno y Arballo, 2003). Donde las leyes y normas ambientales en muchas ocasiones no se cumplen por simple omisión, por corrupción (Ledezma y Graizbord, 2010) o sencillamente por la falta de decisión, o de estrategia de los gobiernos locales interesados más por el crecimiento económico que por la preservación del medio ambiento o las problemáticas socioculturales.



Conclusiones: 

A nivel global el discurso del desarrollo sustentable como modelo cada vez ha tomado mayor relevancia en la agenda pública internacional, sabemos que se han creado alianzas, tratados y convenios en pos de un futuro común, ambientalmente hablando, continuamente se han desarrollado foros internacionales con el fin de ampliar las propuestas y enriquecer éste modelo y hacerlo mucho más integral y con múltiples visiones y desde diferentes concepciones y actores. Pero por otra parte, pienso que se ha priorizado el enfoque ambiental y el económico por encima del desarrollo social y cultural. 
A nivel local el proceso de asimilación o legitimación del concepto ha sido más lento. Pero poco a poco se percibe una mayor efervescencia ambiental, e injerencia política, gracias al trabajo por parte de las ONGs con tendencia ambientalista como la CCDEM, el CEAC y la BPPWG. Aunque también es cierto que los esfuerzos no han sido suficientes y falta todavía un largo camino por recorrer hacia un modelo de desarrollo sustentable. Se requiere que los gobiernos locales se comprometan verdaderamente con los espacios para que las ONGs influyan de manera organizada en las decisiones que le afectan a la comunidad.
Las fallas en materia social y ambiental por parte de los gobiernos municipal y estatal en BC se pueden explicar en función de los siguientes aspectos: Centralismo del Gobierno Federal en materia de Medio Ambiente, énfasis político orientado a inversión extranjera, irrelevancia en temas ambientales en agenda gubernamental, poco interés en daños a Salud Pública, interés exiguo en sustentar una políticas de DS, con participación de ONG ambientalista, poco interés en impactos ambientales en la población de Mexicali (Ramos y Reyes, 2006). Es por eso que se necesita una nueva forma de desarrollo orientado hacia la equidad social, transparencia democrática y la participación ciudadana.
Una forma de mejorar el panorama en materia sociocultural y ambiental en nuestra región depende en buena medida de lo que los individuos pueden llegar a realizar por los “espontáneamente por los demás” (Sen, 2004), de esta forma se podría influir profundamente en los miembros de la sociedad desarrollándose una cultura ético-social encaminado a promover el cuidado de los bienes comunes y las desigualdades sociales. Como se mencionó anteriormente se necesita promover o construir una nueva cultura política fundada en la ética de la sustentabilidad que renueve los sentidos existenciales y las formas de habitar el planeta, un sistema de valores, creencias y conocimientos que refuerce la alianza naturaleza-cultura.



Bibliografía

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